El presidente de la Cooperativa Eléctrica, Federico Ruffa, se dirigió a los asociados de la entidad asegurando que “pueden estar tranquilos, porque nuestra intención es lograr una asamblea eleccionaria transparente y enmarcada en la legalidad”, y anticipó que si la justicia ordena que las listas con firmas apócrifas deben ser oficializadas, el Consejo de Administración acatará esa decisión.
De todos modos puso en duda la competencia de la justicia provincial en el caso, habida cuenta que el proceso eleccionario fue fiscalizado y convalidado por un organismo nacional, como lo es el INAES.
Ruffa se refirió en esos términos a la decisión de la jueza Adela Lucía Juarez Aldazabal, del Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de Trelew, quién hizo lugar a un amparo interpuesto por el ex concejal José María Ramón, suspendiendo la asamblea eleccionaria prevista para el sábado 24 de agosto.
Sin haber recibido aún la notificación formal de la decisión judicial a primera horas de este jueves, el dirigente cooperativista indicó que “no compartimos (la decisión) y tenemos que conocer los fundamentos que alega la jueza” y aseguró que los extractos que le llegaron extraoficialmente “me parecen un poco huérfanos de documentación” por lo que el posicionamiento de la jueza Juarez Aldazabal “se cuestionará por los carriles correspondientes”.
No obstante dejó en claro que se acatará cualquier decisión que tome la justicia, poniendo en realce la extraña actitud del intendente Gerardo Merino, quien el miércoles brindó una conferencia celebrando la intervención de la justicia, aun cuando no se conocía la resolución en cuestión.
Al respecto expresó que “se va a acatar la medida judicial, y a diferencia de la posición que adoptó el intendente nosotros vamos a respetar la institucionalidad, lo que no significa que no vayamos a cuestionarla. Nosotros no tenemos intenciones de que no se lleve a cabo la elección, por el contrario queremos que la elección se haga conforme a la ley”, al tiempo que expuso su disconformidad con el hecho de que “se busca rivalizar esta asamblea como si fuese un River – Boca”, cuando en realidad hay que darle tranquilidad a los asociados. La única intención que hay desde este Consejo es que se celebren las elecciones con total transparencia”.
Admitió que la función de los jueces es resolver conflictos entre particulares y de la sociedad, reconociendo que en general ellos tienen la última palabra en el marco de esos conflictos, y anticipó que, “Si luego de disparados todos los resortes que tengamos que disparar para controlar esa decisión, la justicia nos dice que estamos obligados a admitir una lista con firmas truchas, haremos caso a esa decisión”.
Competencia federal
Aludió luego a la intervención de la justicia provincial, considerando que “tengo claro que acá participó un organismo nacional en el control de las elecciones y hay reglas muy básicas vinculadas con las competencias. Es que cuando se cuestiona el funcionamiento de un organismo del Estado Nacional esos cuestionamientos, aunque sea de manera indirecta como en este caso, tienen que ir a parar a jueces que dependen del Estado Nacional”
“Me llama poderosamente la atención que la lista no se haya presentado en el lugar natural para cuestionar una elección que es la Secretaría de Trabajo de la provincia o frente al INAES, y que lo haya hecho directamente en un juzgado, salteándose ese paso que es evidente y necesario”, concluyó.
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