El Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Trelew dio respuesta este jueves a una serie de planteos formulados por miembros del Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo Municipal, a fin de disipar rumores respecto de presuntas falencias en su gestión administrativa, la falta de información hacia los organismos de contralor, el incremento de tarifas en forma indiscriminada y el supuesto ingreso de personal a la plantilla de la entidad, al tiempo que anticipó que efectuará un reclamo por más de 30.000 millones de pesos, emergentes de la deuda que mantiene el municipio con la prestadora por facturas impagas y la no aplicación en término del Mecanismo de Equilibrio de Costos, herramienta establecida por ordenanza para la actualización tarifaria. Esto le permitiría contar con más de 15.000 millones para ejecutar obras en la ciudad.
Los rumores infundados que han cobrado estado público en los últimos tiempos fueron atribuidos por el vicepresidente de la entidad, Federico Ruffa, a “un profundo desconocimiento de la situación de la Cooperativa”, a “intenciones políticas de otra especie”, o bien a “la incapacidad de interpretar la información” suministrada regularmente por la prestadora de servicios a los organismos competentes.
Lo hizo durante una conferencia de prensa convocada este jueves, de la que participaron su titular, Jorge Mariano Lincheo; el propio Ruffa; el Asesor Legal, Eduardo Uzcudún; el Gerente de Administración, Dalder Barrera; la Síndica, Romina Andrade, y el Auditor, Daniel Montiel.
Lincheo abrió el diálogo especificando que la convocatoria a los medios obedeció a que “nuestros socios seguramente tendrán preguntas, porque hay otros actores políticos que desinforman más que informar a la sociedad y a los socios de esta cooperativa”.
Ruffa, añadió al respecto que los rumores que han cobrado vigencia en los últimos tiempos y algunas medidas adoptadas por el poder político, como la negativa a tratar en el Concejo Deliberante el Mecanismo de Equilibrio de Costos (MEC), dispuesto por una ordenanza sancionada por el propio cuerpo legislativo, “no nos deja otra alternativa que pensar que las acciones que se están tomando por parte del poder político son fruto de un profundo desconocimiento, a pesar de que hemos tenido reuniones y ofrecido un diálogo constante para poder salvar esas situaciones, o bien de intenciones vinculadas con generar una situación de quebranto en la cooperativa”.
Con relación al proyecto de ordenanza que dejaría en suspenso la aplicación del MEC, dijo que “hemos tomado noticia que se ha sancionado una ordenanza que no está promulgada, pero que por lo que se ha dejado trascender tiene al menos un par de articulados que son flagrantes violaciones al contrato de concesión, a la Constitución y a la propia ordenanza que estableció el MEC. Esperamos que el señor intendente con su equipo pueda observar esas cuestiones y en todo caso hacer un veto parcial o total porque va a poner a la cooperativa en una situación de conflicto muy grande”.
Tras hacer un repaso de la situación general de las distribuidoras de energía de todo el país, de la que la prestadora local no es ajena, puntualizó que la deuda de ésta con CAMMESA asciende a unos 15.000 millones, mientras que la deuda de la provincia del Chubut suma unos 60.000 millones y la de las distribuidoras de todo el país supera los 650.000 millones, aclarando que “no es una cuestión que pueda vincularse con la administración de la Cooperativa sino que es un conflicto que tiene el sistema y eso no es otra cosa que el traslado de la factura de CAMMESA, cuyos aumentos de un mes al otro han superado largamente el 100% y eso es lo que se refleja en la factura de los usuarios”.
Sobre el particular hizo saber que la prestadora formuló en ese sentido un reclamo ante la Secretaría de Energía, lamentando que en esa discusión “el poder concedente, en vez de sentarse con nosotros, comprender esa situación y en todo caso colaborar o darnos mejores ideas sobre lo que estamos haciendo, fija una posición de ataque y demagogia que no va a solucionar el problema”.
Se refirió más adelante a los rumores sobre una supuesta incorporación de personal, sosteniendo que “bajo ningún punto de vista un poder concedente puede entrometerse en la decisión de una empresa de contratar o dejar de contratar trabajadores, más allá de que en esta empresa hace más de 3 años que no se realizan contrataciones y estamos con los planteles básicos, homologados por la Secretaría de Trabajo y eso lo hacemos obviamente para no generar mayores costos”.
Añadió que “nos llama mucho la atención que se hable de una falta de información, porque dudo que haya una cooperativa tan ordenada y prolija como la de Trelew, porque los balances y toda la información es remitida periódicamente al Poder Ejecutivo, después de pasar por el Consejo de Ciencias Económicas. Hemos presentado el balance aprobado a mediados del año pasado, obviamente haremos lo propio con el del ejercicio en curso cuando corresponda de acuerdo a las normas contables”.
“Nosotros tenemos un contacto cotidiano con el Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos (OMRESP) que es lo que corresponde y le hemos entregado absolutamente toda la información de acuerdo al contrato y a las normas que nos regulan. Por eso que se diga que no se posee la información implica una mala voluntad o la incapacidad para comprender de todos los técnicos del municipio”, resaltó.
En otro orden, señaló que si bien la Cooperativa tiene una deuda de 15.000 millones de pesos con CAMMESA, “estamos por presentar un reclamo al municipio, porque entre los incumplimientos del municipio por la aplicación del MEC y la falta del otorgamiento de una mínima razonable basada en las resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), no inventada por nosotros, sino aplicando las normas que ellos mismos firman ya que son los costos aprobados y firmados por el intendente en un convenio” que superaría los 30.000 millones de pesos. Esto implicaría la posibilidad de disponer de unos 15.000 millones de pesos para obras en la ciudad.
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